La legislatura de Florida aprobó una serie de proyectos de ley dirigidos a Disney, tras semanas de disputa entre la compañía con el gobernador republicano Ron DeSantis por la nueva ley que limita ciertas discusiones en las aulas sobre la orientación sexual y la identidad de género.
Uno de los proyectos de ley finalizaría el estatus único que permite a Disney operar como un gobierno independiente en sus parques temáticos del área de Orlando.
El otro eliminaría una exención de Disney prevista en un proyecto de ley de redes sociales que se promulgó el año pasado, pero quedó en suspenso por la decisión de un juez federal.
Esta acción contra Disney es la última consecuencia de una controvertida medida que prohíbe que las escuelas enseñen a los niños pequeños sobre la orientación sexual o la identidad de género.
Esa ley, apodada «Don’t Say Gay» (No digan gay) por sus detractores, se enmarca en una batalla cultural emprendida por el Partido Republicano, a pocos meses de las elecciones de mitad de legislatura que se celebrarán en noviembre.
Desde hace meses, los republicanos tienen en el punto de mira a medios de comunicación, empresas y políticos demócratas a los que acusan de querer imponer su ideología progresista a los demás.
Disney se negó en un primer momento a opinar sobre la ley educativa de Florida, donde emplea a unas 75.000 personas, lo que lo convierte en el empleador privado más grande del estado.
Pero las numerosas críticas recibidas por su silencio al respecto llevaron al director ejecutivo, Bob Chapek, a condenar la medida y a suspender las donaciones políticas en el estado.
Esa decisión irritó a DeSantis, un político ambicioso al que muchos analistas ven como un posible candidato para la Casa Blanca.
El martes, anunció que había pedido a los congresistas estatales anular el estatuto especial de Disney.
Y dos días después, sus deseos se cumplieron en el Parlamento, dando inicio a un periodo que llevará al desmantelamiento del distrito especial en junio de 2023.
Después de la firma de DeSantis, Disney manifestó en un comunicado que su «objetivo» era derogar la ley o verla derrotada en los tribunales.
El gobernador de Florida aseguró que Disney «cruzó la línea» con esa declaración y sugirió a fines de marzo que se podrían levantar los «privilegios especiales» de la compañía.
DeSantis anunció su movimiento contra Disney el martes a una multitud de simpatizantes en The Villages, una metrópolis de jubilación en expansión construida por desarrolladores republicanos en Florida Central que también se beneficia de un distrito especial.
El Reedy Creek Improvement District, en la mira
Un representante estatal republicano sostuvo que un grupo de legisladores se reuniría para discutir la derogación de la Ley de Mejoramiento de Reedy Creek.
El Distrito de Mejoras de Reedy Creek cubre las propiedades de Disney cerca de Orlando, lo que permite que el parque temático administre terrenos dentro de sus instalaciones y brinde sus propios servicios públicos, como servicios de bomberos y policía.
«Disney es un invitado en Florida. Hoy se lo recordamos», tuiteó el martes Randy Fine, el republicano que presentó la ley contra el autogobierno de Disney en el Parlamento estatal.
Por su parte, el senador republicano Marco Rubio acusó a la empresa de tener un doble estándar.
«Disney no dice una palabra sobre la dictadura en China porque podría costarle miles de millones de dólares», tuiteó Rubio.
«Pero no tiene ningún problema en usar su poder corporativo para mentir sobre leyes aprobadas por legisladores elegidos democráticamente en Florida», añadió.
El Reedy Creek Improvement District, que fue aprobado en 1967 por los congresistas floridanos para facilitar la construcción del parque Walt Disney World cerca de Orlando, mide unos 100 km2 e incluye dos ciudades y terrenos en los condados de Orange y Osceola, en el centro del estado.
En virtud de aquel acuerdo, Disney dirige ese distrito como si fuera un gobierno local, cobrando impuestos y garantizando servicios públicos esenciales como la recogida de basura, el tratamiento de las aguas, entre otros.
La decisión de anular ese estatuto especial suscitó dudas sobre el futuro del área donde se sitúa.
Según las leyes estatales, si se disuelve el distrito especial, sus bienes y deudas se transferirán a los gobiernos locales que rodean ese territorio.
«Podría pasar 2.000 millones de dólares de deuda de Disney a los contribuyentes de Orange y Osceola», tuiteó el miércoles la senadora demócrata estatal Linda Stewart.
